El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España sigue abierto, y algunos críticos lo comparan con una estafa piramidal. La razón es simple: el dinero que reciben los jubilados proviene directamente de las aportaciones de los trabajadores activos, en un modelo que depende de que siempre haya suficientes cotizantes para sostener a los pensionistas.
Similitudes con una estafa piramidal
Las estafas piramidales funcionan atrayendo nuevos participantes cuyas aportaciones financian los beneficios de los anteriores. En el caso del sistema de pensiones, los trabajadores en activo pagan las pensiones de los jubilados, esperando que las generaciones futuras hagan lo mismo con ellos. La estructura se tambalea cuando la base de aportantes se reduce, algo que ya ocurre en España debido al envejecimiento de la población y la baja natalidad.
Otra similitud es la falta de un «fondo real» que garantice las pensiones. A diferencia de un sistema de capitalización donde cada trabajador acumula su propia pensión, el sistema de reparto depende de ingresos constantes para mantenerse en pie. Esto lo convierte en un esquema que necesita renovarse constantemente para no colapsar.
La gran diferencia: la legalidad y la obligatoriedad
Lo que distingue al sistema de pensiones de una estafa piramidal es que está gestionado por el Estado y su funcionamiento es obligatorio. Mientras que las estafas piramidales operan al margen de la ley y dependen de la captación voluntaria de nuevos inversores, el sistema público de pensiones impone su participación a todos los trabajadores mediante cotizaciones obligatorias.
Pero, ¿hasta qué punto la imposición estatal justifica su legalidad? Si un sistema con características piramidales es considerado un fraude en cualquier otro contexto, ¿por qué debería ser aceptable cuando es el Estado quien lo administra? La diferencia radica únicamente en el respaldo gubernamental y la obligación legal, lo que deja poco margen de maniobra a los ciudadanos para elegir su futuro financiero.
Alternativas al sistema actual
Existen modelos alternativos que han demostrado mayor sostenibilidad a largo plazo. Algunos países han optado por sistemas mixtos, combinando un esquema de reparto con fondos de capitalización individual. En estos sistemas, cada trabajador acumula su propia pensión a lo largo de su vida laboral, reduciendo la dependencia de futuras generaciones y permitiendo mayor autonomía financiera.
Otro enfoque es fomentar planes de pensiones privados con incentivos fiscales, permitiendo a los ciudadanos elegir cómo gestionar su jubilación. La diversificación de opciones podría reducir la presión sobre el sistema público y ofrecer soluciones más equitativas para todos.
Si bien el sistema de pensiones español no es técnicamente una estafa piramidal, comparte muchas de sus características estructurales y solo se mantiene en pie por la obligatoriedad impuesta por el Estado. En un contexto en el que la pirámide demográfica se invierte y cada vez hay menos cotizantes por pensionista, el modelo actual es insostenible sin constantes reformas. Explorar alternativas más flexibles y sostenibles es clave para garantizar la seguridad financiera de las futuras generaciones.